Las administraciones públicas van a deber cubrir las plazas ocupadas por interinos en tres años

Las administraciones públicas van a contar con máximo de 3 años para cubrir las plazas que en estos instantes ocupan personas con contratos temporales.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha anunciado este jueves que va a reformar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de forma que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir en un plazo máximo de 3 años las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo.

De este modo lo ha señalado a lo largo de su comparecencia en la Comisión de Función Pública en el Senado, donde ha remarcado su compromiso de reducir la tasa actual de temporalidad en las administraciones mediante medidas «eficaces que eviten nuevas bolsas de empleo temporal».

«El objetivo es desarrollar medidas objetivas para prevenir y sancionar el abuso y fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima», ha explicado Iceta.

El ministro ha explicado que la temporalidad es un inconveniente que alcanza al conjunto de las administraciones, mas que en la Administración General del Estado (AGE) es menor que en otros campos, en tanto que ronda el ocho por ciento , al paso que en la administración autonómica supera el treinta por ciento y se concentra en salud y educación, y en los municipios es del trece por ciento .

«Cierta temporalidad es admisible e inclusive precisa en ciertas circunstancias, mas si una persona efectúa una labor en la Administración que es permanente, lo normal es que la realice con un contrato fijo y no desde una temporalidad que precariza el uso y que le hace bastante difícil que se proponga su futuro», ha apuntado.

Iceta ha apuntado que espera localizar lugares de encuentro entre todas y cada una de las partes para la definición de medidas específicas que dejen lograr los objetivos en materia de temporalidad, «previniendo los abusos y estabilizando el empleo».

Con respecto a la estabilización de los puestos, ha dicho que se marcha a efectuar un nuevo proceso y que espera que sea el último que se fomenta para dar carácter fijo al personal interino.

«Vamos a procurar hacer las cosas bien y sostenemos ese criterio de que la tasa de temporalidad no sobrepase el ocho por ciento en el conjunto de las administraciones», ha subrayado Iceta, que desea abordar los inconvenientes de la Función Pública «a la mayor brevedad posible».

En este sentido, ha recordado que el pasado veinticinco de marzo se reunió la Comisión de Coordinación del Empleo Público y que es en ese marco en el que se deben discutir los criterios y tener una radiografía, «lo más precisa posible» de la situación de temporalidad en el conjunto de las administraciones.

Además, ha afirmado que aparte de reformar el artículo diez del Estatuto Básico del Empleado Público, esta Comisión trabaja en la concreción de los criterios que va a tener el nuevo proceso de estabilización y en las tasas de reposición «flexibles» a aplicar para «poder absorber en un plazo razonable las plazas estructurales ocupadas bajo fórmulas de interinidad».

ACUERDO ANTES DE VERANO

El ministro ha explicado que espera que, ya antes del verano, las comunidades autónomas, las entidades locales y los sindicatos lleguen a un acuerdo sobre todas y cada una estas cuestiones.

Por otra parte, ha dicho que el Gobierno desea aprobar en el mes de septiembre el anteproyecto de Ley de Función Pública en la AGE para «consolidar un modelo público eficiente y motivador con una materia de recursos humanos más flexible».

«El compromiso del Gobierno y del presidente, Pedro Sánchez, está con los servidores públicos y mi propósito es el de hacer servir ese compromiso y intentar progresar sus condiciones laborales, afianzar sus trabajos y también acrecentar su valoración ciudadana», ha añadido, tras aseverar que los trabajadores públicos merecen «todo el respeto y reconocimiento».

Asimismo ha destacado que el Plan de Transformación, Restauración y Resiliencia servirá para fortalecer la restauración económica y para acomodar el modelo productivo a los requerimientos de la nueva sociedad.

También, ha subrayado que se marchan a invertir mil millones de euros de los cuatro mil millones en el componente once del Plan, que contempla la modernización de la Administración a fin de que pueda continuar desempeñando su tarea de cohesión social.

De estos mil millones, novecientos setenta millones corresponderán a las comunidades autónomas y entidades locales y treinta millones los administrará el Ministerio. «Estamos acabando de diseñar los criterios que deben informar de los proyectos que desarrollaremos», ha apuntado.

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