Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital solo ha llegado al seis por ciento del millón que lo ha pedido

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las primordiales medidas del Gobierno de alianza Partido Socialista Obrero Español-Podemos para mitigar los efectos sociales de la pandemia se ha quedado en promesa debido a que más del noventa por ciento de las personas que lo han pedido, no lo han recibido.

«Tenemos que estar felices por el hecho de que damos contestación a una situación de desigualdad», afirmó la socialista María Luisa Carcedo cuando la prestación salió adelante en el Congreso el pasado diez de junio, con el apoyo prácticamente unánime de toda la Cámara (excepto Vox). No obstante, 4 meses después, esta ayuda prosigue sin llegar a la mayor parte de hogares que la solicitan: de los novecientos setenta y 6 mil expedientes gestionados hasta octubre, solo se ha resuelto el treinta y cuatro por ciento , de los que el catorce por ciento ha sido aprobado y el veinte por ciento rechazado.

Esto es, solo trece mil seiscientos hogares reiben o bien tienen aprobada el Ingreso Mínimo Vital, en frente de los ciento noventa y 2 mil a los que se les ha rechazado, conforme datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social proporcionados a través del portal de trasparencia. Cuando se puso en marcha, se calculaba que llegaría a ochocientos cincuenta familias.

La cantidad de expedientes aprobados en estos meses es aún menor si no se tienen presente los setenta y 4 y cien hogares a los que se les concedió de oficio solamente ponerse en marcha la medida, sin tramitación. Sin ellos, solo el seis,4 por ciento de las personas que han pedido el Ingreso Mínimo Vital ha logrado una contestación positiva en estos meses (sesenta y 2 y trescientos trece personas).

La espera, además de esto, es muy diferente conforme exactamente en qué provincia se tramite. Santa Cruz de Tenerife, Toledo y la capital de España son las que más retraso amontonan, rondando el setenta y cinco por ciento de expedientes no resueltos, al tiempo que Soria es la que más está al día (treinta y siete por ciento ), asimismo por ser la que menos peticiones acumula.

Si bien el número de solicitudes gestionadas ha aumentado sensiblemente desde agosto, cuando solo el 0,7 por ciento de las peticiones se había aprobado (sin contar las de oficio), prosiguen siendo palpables las contrariedades en la tramitación que arrastra desde sus principios esta ayuda. Las prisas con las que se puso en marcha provocaron que, al entrar en vigor, muchos requisitos fuesen confusos y no hubiera personal ni infraestructura suficientes para hacer en frente de la avalancha, extendiendo los plazos de resolución, que han debido ampliarse de 3 a 6 meses.

De este modo, al cierre de la nómina de octubre, la Seguridad Social aún tiene pendientes de examinar cuatrocientos ochenta y 2 mil expedientes, y más de ciento sesenta casos que se hallan a la espera de remediar algún fallo o bien complementar documentación.

“Las peticiones aprobadas prosiguen siendo deficientes, hay bastantes personas que prosiguen aguardando contestación desde junio o bien julio, que están sin ingresos, y ni tan siquiera saben por qué razón no se les resuelve”, explica Joaquín García, presidente de la Asociación Víctimas del Paro. “Se han corregido muchos cosas que carecían de sentido, mas prosigue habiendo mucho caos. Ahora, por servirnos de un ejemplo, dan el IMV a personas que ni lo han pedido, de oficio otra vez, mientras que otros llevan meses y no les afirman nada. No le hallamos explicación”.

Además de esto, si bien el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, del que depende esta prestación, presagió que la mitad de expedientes serían rechazados por no cumplir los requisitos, lo que afirman los datos hasta el momento es que este porcentaje es aún mayor: por cada 2 expedientes que se aprueban, se rechazan 3.

Tragsa y mil cincuenta funcionarios

Desde el comienzo, este subsidio ha sido un quebradero de cabeza para el ministerio, que debió arrancar su tramitación en tiempo récord, en tanto que a los 5 días de aprobarse en el Congreso se abrió el plazo de presentación. Frente a la avalancha de expedientes, la Seguridad Social ofreció hacer horas extra a sus funcionarios, mas ni de este modo logró supervisar todo cuanto entraba. “Muchos se apuntaron, mas a los 3 o bien 4 días renunciaron, por el hecho de que no daban abasto del tiempo que tardaba cada expediente. Es muy complejo y hemos ido aprendiendo sobre la marcha”, explicaba en el mes de agosto a este diario Juan Zamora, secretario de Organización de la sección estatal del INSS en CCOO y funcionario tramitador de estas posibilidades

A lo largo de estos meses, el ministerio ha ido alterando ciertos requisitos, como solicitar un año cotizado y 5 de independencia a los menores de treinta años, “pero prosiguen dejando gente fuera, como las personas que no tienen hogar ni padrón”, demanda García.

Además de esto, para agilizar la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, el ministerio de Escrivá subcontrató a la compañía pública Tragsa a mediados de julio —concretamente, a su filial, Tragsatec— por siete con seis millones de euros, quien empleó a quinientos tramitadores. No fue suficiente: a mediados de septiembre, Hacienda dio permiso al ministerio de Escrivá para contratar a mil cincuenta interinos y solucionar el cuello de botella generado desde el momento en que se aprobó. Mas tampoco de esta manera se ha cumplido la meta propuesta por Escrivá de llegar a las ciento cincuenta ayudas aprobadas a fines de ese mes.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que prosiguen trabajando para agilizar el tapón generado con esta prestación y defendió que se ha producido un salto en las últimas semanas, exactamente agilizando trámites y eliminando requerimientos no indispensables, sin que esto condicione la «comprobación de que el ciudadano cumple con los requisitos que se establecen por el hecho de que si no, sería injusto en términos sociales o bien en concepto de la población general».

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